2. El estado debe obligatoriamente intervenir para hacer realidad las condiciones de libertad que la Constitución y la legislación vigente en la República establecen para posibilitar las opciones educativas.

3. El sistema educativo argentino se propone lograr una democracia plena. Para ello debe estimularse el desarrollo de la libre iniciativa, pues en la libertad escolar se conjugan las libertades de conciencia, de opinión, de propiedad, de prensa, de cultura, de asociación, esenciales y reconocidas por nuestra Constitución Nacional.

4. El aporte del estado para el financiamiento de la escuela de iniciativa privada, permite al Estado ofrecer equitativamente formación a más alumnos, con eficiencia en el manejo, destino y control de los recursos y menores costos, por la inversión de los agentes sociales no estatales en edificios, servicios, administración y otros.

5. La educación no es un gasto, sino una inversión, en la formación del ciudadano, sostén del sistema social que hemos elegido como comunidad.

6. Ratificamos que el derecho constitucional a la educación se ejecuta en la pluralidad pedagógica; en el reconocimiento del derecho de la familia a optar libremente por el tipo de educación que quiere para sus hijos; en la capacidad de la escuela para la total gestión formativa y en la asistencia financiera del Estado a las instituciones autorizadas y en condiciones de recibirlas, para extender servicios públicos de gestión privada destinados a alumnos de todas las condiciones socio económicas del país.